Se cuestiona la estrategia del gobierno de sostener a Manuel Adorni ante la posibilidad de que la justicia investigue su patrimonio, comparando la situación con la de Martín Insaurralde. Se plantea si la lógica de "vienen por Adorni y después vienen por nosotros" era la correcta.
La posibilidad de que Adorni sea llamado a indagatoria por enriquecimiento ilícito se compara con el caso de Insaurralde, aunque se aclara que los delitos son distintos. Se menciona que el juez Luis Antonio Armela está convencido del enriquecimiento ilícito de Insaurralde.
Se discute la cronología de los hechos, la posible interpelación de Adorni en el Senado y la presión que esto ejerce sobre el presidente Javier Milei para tomar una decisión respecto a la Jefatura de Gabinete.