La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prohibió toda actividad económica no esencial tras el terremoto, permitiendo solo el funcionamiento de servicios de primera necesidad como hospitales, comunicaciones y consumo masivo (supermercados, farmacias).
Esta medida busca priorizar las tareas de rescate y reconstrucción, mientras se evalúan las necesidades para la recuperación de la actividad económica en las zonas afectadas.