Se reitera la desconfianza en las cifras oficiales del régimen venezolano sobre el terremoto, comparando la situación actual con la tragedia de Vargas, donde también se habrían manipulado los números.
Existe una notable desproporción entre la cantidad de desaparecidos (36.000) y los muertos confirmados, lo que genera dudas sobre la veracidad de los datos.
Se cuestiona la falta de transparencia y la posible ocultación de información por parte del gobierno.