El régimen venezolano, a través de Delcy Rodríguez, se comunicó horas después de la tragedia para declarar el estado de emergencia. Este mensaje, emitido por la tríada de poder del régimen, se da en un contexto de profunda crisis y limitaciones para responder a un desastre de tal magnitud.
Se prioriza el rescate de vidas ante la creciente preocupación por el número de víctimas. La declaración de emergencia implica la suspensión de actividades no esenciales, aunque se busca garantizar la continuidad de los servicios públicos. Sin embargo, la infraestructura del país, ya precaria, se ve severamente afectada.
La comunidad internacional ha reaccionado con ofertas de ayuda, reconociendo la incapacidad de Venezuela para afrontar la catástrofe por sí sola. La diáspora venezolana es vista como un potencial recurso, aunque el sistema de salud y los mecanismos de respuesta han sido mermados en los últimos años.