El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta un obstáculo significativo: el movimiento campesino indígena ha delimitado las condiciones para las inversiones, rechazando aquellas que se realicen "a cualquier costo".
Paz ha asegurado que no habrá privatizaciones y que cualquier proyecto de desarrollo minero requerirá consulta previa con las comunidades, marcando una diferencia con modelos económicos anteriores.