En el programa se generó un debate sobre la divulgación de nombres de funcionarios públicos sospechados de delitos. Se planteó la consulta sobre la situación de un policía de apellido Darío, quien estaría como jefe de alguna dependencia y es "sospechado en cosas raras". El locutor afirmó que, de confirmarse la sospecha, se revelaría el apellido al aire, ya que los funcionarios públicos están sujetos a un escrutinio diferente.
Se estableció una distinción clara: mientras que los nombres de personas anónimas acusadas de delitos no deben publicarse hasta que un juez determine su culpabilidad, los funcionarios públicos, como Santiago Manuel Passaglia e Ismael Passaglia (imputados de enriquecimiento ilícito y lavado de activos), deben enfrentar la exposición pública. Se argumentó que, al ser figuras públicas, deben "bancársela" cuando son acusados o denunciados de cometer un delito, a diferencia de un ciudadano común como "el panadero de la esquina".