Se plantea la hipótesis de que Jessica Sirio filmó los videos como una medida de seguridad ante posibles represalias o extorsiones, poseyendo copias para el caso de que algo le sucediera.
Sirio busca impugnar el uso de los videos en la justicia, argumentando que fueron obtenidos ilegalmente a través de un hackeo de su celular. La denuncia por extorsión y la supuesta privación ilegítima de la libertad durante un control policial irregular son parte de su estrategia.
Se menciona la participación de Francisco Auque, a quien Pichirilo habría intentado incriminar falsamente, y que también afirmó haber visto los videos.
Se enfatiza el posible enriquecimiento ilícito y lavado de dinero de Martín Insaurralde, quien fue funcionario público durante 20 años. El destino de Insaurralde estaría en manos de Jessica Sirio.
La casa de San Vicente, a nombre de una empresa de los hijos de Insaurralde, es objeto de investigación por su valor y origen. Se cuestiona cómo explica Insaurralde su patrimonio, incluyendo la construcción de dicha casa con salarios estatales.