Se debate la responsabilidad de los funcionarios ante la crisis del transporte público, especialmente la del Secretario de Transporte. Se señala que ante un accidente grave, la responsabilidad es penal y recae sobre el funcionario, no sobre el empresario.
Se menciona que el cargo de Secretario de Transporte es de alta complejidad y riesgo debido a la posibilidad de accidentes y la consecuente responsabilidad penal, lo que podría disuadir a muchos de asumir el puesto. La falta de inversión y control por parte del Estado, sumada a los tarifazos, genera un "combo explosivo" que se traducirá en situaciones cada vez más frecuentes y graves.