La gestación subrogada en Colombia se ha convertido en un negocio en auge, especialmente para extranjeros, debido a la falta de regulación en el país. Si bien la práctica no está prohibida ni permitida oficialmente, la Corte Constitucional reconoció un vacío legal en 2009, generando un mercado irregular.
Padres intencionales, como Ben, recurren a Colombia por considerarla un "paraíso" para el turismo reproductivo, debido a sus leyes laxas y costos más accesibles en comparación con otros países. Sin embargo, esta práctica genera críticas sobre la explotación del cuerpo de la mujer y la instrumentalización de los vientres.
Gestantes como Ana y Nelfi ven en la subrogación una oportunidad económica para acceder a vivienda o mejorar su situación financiera, aunque admiten que las gestantes reciben la menor parte del dinero. Los procesos suelen comenzar en clínicas de fertilidad o bufetes de abogados, que actúan como intermediarios y reciben la mayor parte de los honorarios.
La falta de regulación y acompañamiento posparto, especialmente en salud mental, es una crítica recurrente. Abogados y expertos debaten sobre la ética de la gestación subrogada, algunos defendiendo la necesidad de regularla para evitar abusos y otros abogando por un enfoque altruista. La ausencia de una ley clara sigue permitiendo la proliferación de este mercado en Colombia.