Se afirma que se cumplieron las obligaciones de la ley de ética pública y se acompañaron todas las declaraciones juradas requeridas, negando cualquier ocultamiento.
Se menciona un decreto que prohíbe el uso de aeronaves públicas en viajes particulares y la revisión de registros de vuelo para detectar desvíos de uso.
Se relata una situación en la que la esposa del funcionario, tras comprar su pasaje, fue invitada a viajar con él debido a un cambio de planes de la presidencia.