Se revela un presunto esquema de malversación de fondos públicos a través del uso discrecional de tarjetas corporativas y gastos de representación en la Secretaría General de la Presidencia, superando los mil millones de pesos.
Se detalla que 140 tarjetas corporativas están vigentes, con un incremento del 141% en los fondos disponibles en el último año, alcanzando los 1.135 millones de pesos. Entre los beneficiarios se encontrarían funcionarios de alto rango como Karina Milei y Luis "Lule" Menem.
Estas prácticas, que incluyen gastos suntuosos y la posible ocultación de sobresueldos, contrastan con el discurso oficial de austeridad y generan dudas sobre la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Se menciona la judicialización de casos similares y la presentación de proyectos para regularizar el uso de estas tarjetas.