La investigación sobre los gastos de Manuel Adorni se expande a las conversaciones entre el contratista Matías Tabar y la secretaria del funcionario, identificada como Gisela Cox. Se sospecha que Cox habría utilizado su posición para transmitir los gustos de la familia Adorni al contratista, resultando en la compra de diversos bienes.
Entre los elementos mencionados se encuentran muebles, electrodomésticos como lavavajillas y lavarropas, colchones (con una factura de 8 millones de pesos), sábanas, televisores y aire acondicionado. La justicia busca determinar si estas compras se efectuaron con fondos públicos y si la secretaria actuó bajo presión o por iniciativa propia.
Se plantea la discusión sobre si la secretaria Cox actuó como intermediaria para ocultar las compras de Adorni, utilizando su nombre para las facturas. Se compara esta situación con otros casos de funcionarios que habrían utilizado personal estatal para compras personales, lo que podría derivar en evasión impositiva y otros delitos.