Miguel Pichetto argumenta que el Congreso tiene la facultad de intervenir en el caso de Cristina Kirchner, proponiendo un juicio político para anular su condena. Sostiene que el proceso judicial original tuvo nulidades de origen, como la falta de desafuero previo.
Pichetto basa su argumento en la Constitución Nacional y en normas de derecho administrativo, citando un libro escrito con Roberto Dromi, para defender la necesidad de respetar los procedimientos constitucionales en casos que involucran a altos funcionarios.