Se debate sobre la existencia de una justicia diferenciada para ricos y pobres, donde los casos de personas con recursos parecen tener una respuesta más rápida ante desapariciones o delitos.
Se señala que las personas con menor poder adquisitivo o en situación de vulnerabilidad a menudo no tienen acceso a la defensa legal o a la celeridad que ameritan sus casos.
Los entrevistados coinciden en que la falta de acción policial y judicial ante la desaparición de Víctor, una persona con capacidad restringida, es un reflejo de esta desigualdad.
Se critica que las autoridades no actúan de oficio y que la intervención a menudo se produce solo cuando el caso adquiere notoriedad mediática.