Se investiga un presunto negocio de licencias de conducir truchas dentro de la municipalidad, operado por personas vinculadas a barras de fútbol. El monto de cada licencia apócrifa era de 180 mil pesos.
Este "kiosco político" recaudaba fondos y estaba integrado por individuos relacionados con la barra brava de un club. La operatoria implicó la cesantía de 13 personas.
El fiscal considera que la negativa de Barrelier a declarar sobre este tema le permite desligarse de responsabilidades futuras, aunque los hechos investigados apuntan a una red de corrupción dentro del municipio.