En Colombia, la gestación subrogada es completamente legal, amparada por un Estado de derecho que protege los intereses de todas las partes involucradas. Sin embargo, la práctica genera debate sobre su equidad, especialmente en lo que respecta a la compensación económica para las gestantes.
Ana González, quien ha sido gestante en dos ocasiones, señala que, si bien la gestación subrogada representa una oportunidad económica, las mujeres que alquilan su vientre reciben la menor parte de los beneficios. El costo total del proceso puede ascender a 100.000 dólares, mientras que las gestantes obtienen entre 20.000 y 30.000 dólares.
A pesar de las críticas que apuntan a una posible explotación del cuerpo de la mujer, algunas gestantes como Nelfi afirman haber desarrollado un vínculo con el bebé, aunque sin arrepentimiento por la decisión. Ana, por su parte, busca con esta práctica conseguir una vivienda propia.
Los intermediarios, como clínicas de fertilidad y bufetes de abogados, juegan un papel crucial en el proceso, reclutando gestantes y conectándolas con los padres intencionales. Estos intermediarios reciben la mayor parte del pago y supervisan el embarazo. Los requisitos para ser gestante incluyen ser mayor de edad, haber tenido un hijo, gozar de buena salud y declarar fines altruistas, aunque la motivación económica es frecuente.
La falta de una regulación clara en Colombia ha generado un mercado de "irregularidad y anomalías", según Jefferson Dueñas Gómez, viceministro de Promoción de la Justicia. La Corte Constitucional reconoció este vacío normativo en 2009, y a pesar de varios intentos legislativos, no se ha logrado establecer un marco legal que defina la gestación subrogada, dejando la puerta abierta a debates sobre turismo reproductivo y la instrumentalización de la mujer.