Se reportó la problemática de personas con discapacidad que debían validar su SUBE con certificado de discapacidad para poder viajar en colectivo, a pesar de que existía información oficial que indicaba lo contrario.
La situación se extiende a otros institutos del Estado, como el PAMI, donde los jubilados enfrentan dificultades con la atención médica, la renuncia de médicos de cabecera y recortes en estudios y consultas profesionales.
Se mencionó la problemática de los apósitos y pañales para adultos mayores, así como el acceso a medicamentos, cuyos aumentos superan el 550% en un contexto de jubilaciones congeladas.
La precariedad se extiende a estudiantes universitarios y al funcionamiento de las universidades públicas, que enfrentan recortes presupuestarios que dificultan su operatividad.