El canciller boliviano, Fernando Aramayo Carrasco, afirmó que el gobierno no criminaliza la protesta social y respeta el derecho a la manifestación, pero no tolerará intentos de interrupción del orden constitucional. Señaló que la crisis actual refleja un intento desestabilizador liderado por el expresidente Evo Morales.
Carrasco explicó que se han iniciado mesas de trabajo para analizar caso por caso las detenciones de manifestantes, y que el Poder Judicial es independiente del Ejecutivo. Aseguró que se está coordinando con las instancias jurídicas y que la Central Obrera Boliviana participa activamente.
Ante la posibilidad de que los bloqueos no cesen, el gobierno contempla dictar un estado de excepción, pero prefiere agotar los espacios de diálogo. Carrasco destacó que el gobierno apuesta por el diálogo como elemento fundamental de la democracia y busca evitar la represión, a diferencia de administraciones anteriores.