En Bolivia, el diálogo entre el gobierno y los manifestantes para finalizar los bloqueos que afectan al país desde hace seis semanas se mantiene sin avances. La Central Obrera Boliviana (COP) condiciona el avance de las conversaciones a la liberación de los manifestantes detenidos.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, advirtió que el desbloqueo inmediato de rutas es fundamental para establecer una mesa de diálogo. El conflicto ha escalado de reclamos sectoriales a una crisis política nacional, con al menos 16 fallecidos y desabastecimiento.
El canciller boliviano, Fernando Hugo Aramayo Carrasco, explicó que el gobierno busca diferenciar entre las demandas sociales legítimas y una "dimensión más compleja" liderada por el expresidente Evo Morales, que busca "interrumpir el orden constitucional". Aseguró que la actuación policial ha sido proporcional y disuasiva, sin uso de armas letales.
Respecto a la liberación de los detenidos, Aramayo indicó que se han armado mesas de trabajo para analizar caso por caso y que el diálogo continuará, entendiendo la independencia del poder judicial. El gobierno considera la posibilidad de dictar un estado de excepción si los bloqueos no cesan, argumentando la obligación de garantizar la libre circulación.