La justicia convalidó el traslado de la sede de la AFA a Pilar y declaró nula la resolución del Ministerio de Justicia que designaba veedores. La Cámara Nacional en lo Civil avaló el cambio de domicilio, impidiendo que la Inspección General de Justicia revise las cuestiones contables.
Esta decisión genera controversia sobre la transparencia de las cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino y el control sobre sus balances.