La CGT, a través de Jorge Sola, denunció al gobierno argentino ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la "quita de derechos" y el "desmantelamiento del Estado" en materia de empleo e inspecciones laborales.
La denuncia, realizada de forma conjunta con las dos CTA, culminó con una resolución de la OIT llamando la atención al gobierno argentino y considerando veraz la denuncia. Se destacó la elección de Gerardo Martínez como vicepresidente de la conferencia, representando a los trabajadores del mundo.
El embajador argentino defendió las medidas del gobierno, argumentando un crecimiento del empleo que fue refutado por Sola, quien señaló la pérdida de 300.000 empleos formales. La OIT instó al gobierno a convocar a una mesa de diálogo y a incluir a los trabajadores en las políticas públicas.