Se plantea la duda sobre si la policía tenía conocimiento o recibía sobornos para permitir el funcionamiento de lugares presuntamente ilegales. La respuesta aclara que la policía no otorga habilitaciones, sino que son los municipios y bomberos quienes las extienden, pero se insinúa que sí podrían "dejar funcionar" estos sitios.
La conversación se centra en la posible connivencia policial y la falta de control efectivo sobre estos establecimientos, sugiriendo que la policía podría tener un rol pasivo o incluso cómplice en su operación.