La justicia de La Plata, a través del Juzgado Contencioso Administrativo N°2, decidió suspender la privatización de AISA a raíz de una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense.
Esta medida representa un revés para el gobierno de Javier Milei, que busca avanzar con las privatizaciones como fuente de ingresos. El juez también obliga a AISA a garantizar el servicio y las obras en 26 municipios.
La privatización de AISA estaba habilitada por la Ley Bases, que también contemplaba la privatización de otras empresas estatales como Banco Nación, YPF (que finalmente quedó fuera), ARSAT y Nucleoeléctrica.