Se denuncia maltrato y largas esperas para personas con discapacidad en la estación Constitución, afectando especialmente a quienes tienen dificultades de movilidad o visuales.
Se critica la falta de acción gubernamental, atribuyendo la parálisis de la administración al gobierno de Javier Milei.
Se aclara que el uso del Certificado Único de Discapacidad (CUD) para el transporte público es opcional, y que obligar a bajar del colectivo a quienes lo presentan es incumplir la ley.
Se cuestiona la falta de comunicación oficial clara, que se limita a tuits o conferencias improvisadas, en lugar de comunicados formales o la intervención del Ministro de Salud.