Se cuestiona la credibilidad de las declaraciones juradas de Manuel Adorni, señalando que sus bienes, inmuebles y deudas habrían sido modificados drásticamente. Se afirma que el dinero proviene del erario público y que Adorni habría incurrido en delitos.
Se critica a Javier Milei por respaldar a Adorni, sugiriendo que lo hace por lealtad o porque considera que el tema no es relevante para la opinión pública. Se insinúa que Adorni podría enfrentar consecuencias legales, como la cárcel o una tobillera electrónica.