Se critica la política económica del gobierno actual por reducir la capacidad de recaudación del Estado, especialmente de los sectores más ricos, mientras se argumenta la falta de fondos para servicios públicos. Se señala que medidas como la reforma tributaria y el RIGI benefician a grandes capitales, eximiéndolos de controles y impuestos por largos periodos.
Se cuestiona la falta de estabilidad y certidumbre para sectores vulnerables como jubilados o personas con discapacidad, en contraste con la seguridad que se otorga a las empresas que invierten bajo el RIGI. Se plantea que estas medidas, al reducir la capacidad del Estado y cercenar el control democrático, crean "enclaves" para el capital.