Se analiza la nueva ley de lobby, que legaliza la actividad de presión de grandes capitales sobre las políticas públicas a través de estudios jurídicos. Se critica que esta ley, al igual que otras medidas, limita el control democrático y beneficia a los grandes intereses económicos.
Se señala que la ley de lobby, además de formalizar la actividad de los lobistas, genera restricciones para las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que representan a la sociedad civil. Se compara esta situación con la venta de tierras, sugiriendo que responde a una lógica similar de favorecer a grandes capitales.