La justicia británica ha avalado la decisión del gobierno de ilegalizar a un grupo propalestino, revocando una resolución previa del Tribunal de Operaciones. El organismo considera que la prohibición, dispuesta por el Ejecutivo, es una medida proporcionada ante las acciones de la organización.
El gobierno había proscripto al grupo en 2025, tras vincular sus protestas contra el suministro de armas a Israel con actos calificados como ofensivos. La justicia respalda así la postura oficial, ratificando la legalidad de la medida.