Se analiza la posibilidad de que el Mundial de fútbol se vea afectado por controles de racismo y tensiones sociales, utilizando como ejemplo la ausencia de Chicago como sede a pesar de ser una ciudad importante en Estados Unidos.
Se revela que la FIFA impuso un contrato con cláusulas estrictas a las ciudades candidatas, incluyendo una que obligaba a los intendentes a hacerse cargo de los costos de los estadios. El intendente de Chicago en ese momento, Rahm Emanuel, se negó a firmar, lo que resultó en la exclusión de la ciudad como sede. Esta decisión, inicialmente criticada, ahora es vista como un acto de prudencia ante las exigencias financieras de la FIFA.
Se discute cómo las ciudades terminan asumiendo costos de transporte, seguridad y orden público, mientras la FIFA se queda con los ingresos de entradas y transmisiones. Se menciona que la representante de Los Ángeles cuestionó el beneficio para la ciudad, a lo que se le respondió que la pondría "en el mapa", a pesar de que ya es un centro global reconocido.