Se critica la aprobación de la ley de "inocencia fiscal" en el Congreso, argumentando que se hizo de forma apresurada y con poco debate. Se considera que la ley permite el encubrimiento de la evasión fiscal, especialmente para funcionarios, al impedir que se investigue su patrimonio pasado.
Se señala que la ley reduce la capacidad del Estado para recaudar impuestos de los sectores más ricos, mientras se siguen aplicando ajustes a sectores como universidades, jubilados y salud. Se critica la creación de "enclaves" para el capital, con menos control democrático, y se cuestiona la coherencia de bajar impuestos a los ricos mientras se argumenta falta de fondos para servicios públicos.