La investigación judicial sobre la declaración jurada del jefe de gabinete, Manuel Adorni, genera controversia y contradicciones en su relato, provocando malestar en sectores del gobierno como la vicepresidenta Victoria Villarruel y la senadora Patricia Bullrich.
Bullrich calificó la situación como una "omisión ética" y no un simple error, enfatizando que la moral es una política de Estado para su gobierno. Las contradicciones surgen al comparar sus declaraciones pasadas sobre inversiones en criptomonedas con sus afirmaciones actuales, además de cuestionamientos sobre su patrimonio acumulado durante el kirchnerismo.
Analistas políticos señalan que la defensa de Adorni, incluyendo la adhesión a la ley de inocencia fiscal, reavivó un tema que se intentaba dejar de lado, generando un error comunicacional que perjudica al gobierno. Se destaca que, si bien Adorni cuenta con el respaldo presidencial, figuras como Bullrich marcan distancia, diferenciándose y buscando contener a votantes que valoran la ética y la institucionalidad.