La Corte Suprema de Justicia ratificó que las provincias no pueden cobrar ingresos brutos con alícuotas más altas a empresas que no estén radicadas en su jurisdicción. El máximo tribunal declaró inconstitucionales las normativas de Santa Fe y Entre Ríos que aplicaban impuestos diferenciales a firmas con sedes fuera de esas provincias.
Los jueces Rosati, Rosencrantz y Lorenzetti argumentaron que cobrar un impuesto más elevado solo por tener sede en otra provincia constituye una discriminación irrazonable y genera una "aduana interior" entre jurisdicciones. Esta decisión busca evitar prácticas discriminatorias y promover la libre circulación económica entre las provincias.