Guillermo Michel explica que la ley de inocencia fiscal enviada por el gobierno al Congreso, que se pretendía vender como un blanqueo, en realidad flexibiliza los controles del organismo recaudador. A diferencia de un blanqueo, no exime de responsabilidad penal.
Se critica que la ley permite presentar una declaración jurada simplificada sin la evolución patrimonial y, más grave aún, acorta el plazo de prescripción a tres años. El objetivo del gobierno sería que, pasada esa fecha y las elecciones, el próximo gobierno no pueda revisar nada.