La Ley de Ética Pública 25188 contempla multas y sanciones administrativas para funcionarios que incurran en irregularidades, incluyendo la posibilidad de destitución o despido del cargo.
En el caso de Manuel Adorni, se señala que sus declaraciones admiten la comisión de delitos, lo que podría derivar en sanciones severas. Sin embargo, se pone en duda la voluntad política para aplicarlas, sugiriendo que el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Karina Milei podrían no estar de acuerdo con su cese.