Se denuncia la permeabilidad de la justicia al poder político, calificando la relación como "feudos" donde el poder judicial se subsume a las decisiones políticas.
Se exige que, si esta es la realidad, se establezcan reglas claras sobre lo que vale y lo que no, especialmente en lo referente a la protección de menores.
Se cuestiona la impunidad con la que ciertos individuos actúan, permitiendo que ocurran actos terribles como los vividos por la menor.