La ley de blanqueo sancionada en diciembre pasado, que incluyó a funcionarios públicos gracias al apoyo del PRO y la UCR, permite a estos regularizar sus bienes y ahorros.
Esta medida, a diferencia de normativas anteriores que excluían a los funcionarios para prevenir la corrupción, busca evitar coimas, dádivas y enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, la inclusión de los funcionarios en este régimen ha generado debate y escepticismo respecto a su efectividad para transparentar el patrimonio público.