Se cuestiona la estrategia de Adorni de acogerse a la ley de inocencia fiscal, considerándola un argumento adolescente e insostenible judicialmente. Se señala que el código procesal penal no permite a un funcionario público evadir un proceso por delitos de corrupción o lavado de dinero mediante la suspensión de juicio a prueba.
Se critica la facilidad con la que se le permite a un funcionario público esta "salida tributaria", mientras se le niega a otros la posibilidad de utilizar la suspensión de juicio a prueba. La estrategia de Adorni es vista como un "suicidio asistido", ya que la vía alternativa era insostenible.