La muerte de Liana, una niña de 11 años desaparecida en Francia, ha generado una profunda conmoción y ha desatado una crisis política y judicial en el país. Más de 60.000 personas se manifestaron para denunciar fallos en el sistema judicial, ya que el principal sospechoso contaba con denuncias previas por agresiones sexuales a menores y nunca fue interrogado por la policía.
El gobierno francés estudia la posibilidad de implementar la cadena perpetua para violadores reincidentes ante la creciente presión social. Ministros de Justicia e Interior admitieron graves fallos en el sistema y prometieron priorizar los casos de delitos contra menores, aunque la oposición cuestiona sus explicaciones. El debate se centra en la verificación de antecedentes judiciales de quienes cuidan niños y la efectividad de las denuncias.