El economista Sebastián Domínguez explicó que, según la ley de inocencia fiscal, si la facultad del fisco para determinar el impuesto está prescripta, no se persigue penalmente. En el caso de Adorni, esto aplicaría a los impuestos anteriores a ciertos períodos.
Si bien Adorni no enfrentaría una condena por evasión, podría recibir una "condena social" por su accionar, especialmente considerando su rol como funcionario público. La falta de transparencia en sus declaraciones juradas genera cuestionamientos sobre su idoneidad.
Domínguez aclaró que la prescripción de la facultad del fisco para determinar el impuesto impide la persecución penal. Sin embargo, la reputación de Adorni podría verse afectada por la opinión pública y la falta de confianza generada por este caso.