El fiscal Gerardo Policita investiga a Manuel Adorni por evasión tributaria y enriquecimiento ilícito, determinando que la evasión no anula la causa por corrupción.
Se investigan 506 mil dólares, de los cuales 300 mil provendrían de Bitcoin comprados entre 2014 y 2018. La defensa de Adorni sostiene que los fondos fueron adquiridos legalmente y que la posesión de criptomonedas no es un delito. Sin embargo, la justicia federal exige trazabilidad documental para sustentar la procedencia del dinero.
La defensa de Adorni busca desvincularse de la imputación por corrupción, centrándose en la evasión tributaria, considerada un delito menor. La superposición de delitos no exime de responsabilidad, y la falta de pago de impuestos deliberadamente podría acarrear consecuencias penales.