La justicia impuso una multa de 15 millones de dólares a empresarios por el desmonte de 11.000 hectáreas de bosque nativo. La decisión se tomó tras constatar el incumplimiento del plan de restauración ambiental que los empresarios habían acordado previamente.
Greenpeace había realizado reclamos en 2016, 2018 y 2023, solicitando el foco judicial en la problemática. A pesar de un acuerdo previo con multa y reforestación establecida, los empresarios no cumplieron con la reforestación del bosque nativo.
Hernán Giardini, representante de Greenpeace, señaló los graves impactos del desmonte, incluyendo la pérdida de biodiversidad, la extinción de especies como el yaguaré, tapir y oso hormiguero, y los efectos climáticos e hídricos. Además, afectó a comunidades huichis y campesinas que dependían del bosque.
Los empresarios Carlem utilizaron 18 topadoras durante varios meses para llevar a cabo el desmonte, denunciado por Greenpeace en reiteradas ocasiones. Aún resta definir la restauración del bosque, más allá de la significativa multa impuesta.