La ley de inocencia fiscal permite a los contribuyentes adherirse a un régimen simplificado de ganancias, reduciendo las preguntas de la AFIP sobre el origen de los fondos.
Se debate si esta ley debería aplicarse a funcionarios públicos como Manuel Adorni, dado el riesgo de que se utilice para lavar dinero o encubrir enriquecimiento ilícito.
La oposición en el Congreso había propuesto un impedimento para que personas políticamente expuestas se acojan a este régimen.