Tras tres años de conflicto, el gobierno y las universidades alcanzaron un acuerdo sobre el financiamiento. Referentes de diversos sectores se reunieron para destrabar la disputa por los fondos destinados a casas de estudio, hospitales universitarios y becas.
A pesar del acuerdo, las entidades educativas mantendrán la demanda ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma aprobada y ratificada en el Congreso que aún no se implementa. La ley fue votada favorablemente y sigue sin aplicarse.