Se denuncia la existencia de un sistema de "conchavo político" en la Municipalidad de Córdoba, donde se otorgan puestos a personas sin la debida evaluación de antecedentes o concursos.
Se menciona el caso de "Barrilier" y otros como ejemplo de personal contratado bajo categorías precarias, con el objetivo de facilitar su pase a planta permanente. Se critica la anulación de concursos en gestiones anteriores.
Se señala que esta práctica genera una "fragilidad laboral monstruosa" y que la municipalidad se ha convertido en un lugar para beneficiar a la dirigencia política, con un gran número de agentes públicos.