Se cuestiona el gasto y el cambio en el nivel de vida de Adorni desde que asumió la función pública, lo cual debería ser explicado ante la justicia.
Se plantea la dificultad para el gobierno de justificar modificaciones a la ley de inocencia fiscal mientras un funcionario sospechado de corrupción la utiliza. Se menciona la posibilidad de enriquecimiento ilícito y la complejidad de la discusión con la oposición.