La ley de inocencia fiscal y el régimen simplificado de ganancias son criticados por permitir a funcionarios como Manuel Adorni regularizar bienes no declarados sin enfrentar consecuencias penales retroactivas. Se argumenta que estas leyes crean un "tapón fiscal" que impide a la Oficina Anticorrupción (ARCA) investigar y fiscalizar adecuadamente.
Expertos señalan que estas normativas, al no excluir a funcionarios y familiares, contravienen la ética pública y la Constitución. La situación de Adorni, quien se habría acogido a estos regímenes, es vista como una "ficción" que no lo exime de la investigación penal por enriquecimiento ilícito y posible corrupción.
Se menciona la caída de la página de ARCA tras la aparición de nombres vinculados a Adorni, lo que genera sospechas sobre posibles maniobras para obstaculizar las investigaciones. La crítica se extiende a la incompatibilidad de la esposa de Adorni, quien estaría prestando servicios a empresas del Estado, sumando un nuevo elemento de cuestionamiento a la gestión del funcionario.