A pesar de admitir un "error" en su declaración jurada, Manuel Adorni se acogió al sistema de simplificación de Ganancias, incluido en la ley de inocencia fiscal. Según fuentes periodísticas y tributaristas, esta maniobra busca evitar sanciones penales, lo que podría interpretarse como una admisión de evasión tributaria.
La ley permite eludir consecuencias penales al regularizar la situación. Sin embargo, esta decisión generó sorpresa, ya que se temía que fuera un atajo para eludir otras investigaciones. El fiscal Gerardo Policita y el juez Ariel investigan el posible enriquecimiento ilícito del funcionario, analizando el origen de sus fondos.
Fuentes de la investigación consideran que Adorni se ha "blindado tributariamente" con este paso. La causa principal se centra en determinar el origen del dinero que excede sus ingresos conocidos y declarados, especialmente durante su gestión como funcionario público. Se barajan dos hipótesis sobre la procedencia del dinero: un préstamo entre privados (mutuo) o el hallazgo de una billetera electrónica con una suma considerable de dinero, explicación que los investigadores consideran poco creíble.
La justicia busca trazar el origen de los fondos, ya sea a través del mutuo (quién prestó, cuándo, y la ruta del dinero) o de las criptomonedas. Si las explicaciones no cierran numéricamente o no se puede demostrar la trazabilidad, Adorni podría enfrentar una declaración indagatoria. La situación reviste complejidad, ya que uno de los periodos bajo análisis (2024) ya está cerrado y no hubo explicación en su momento, lo que podría indicar una omisión deliberada.