Se debate sobre la posibilidad de que Manuel Adorni sea destituido de su cargo como jefe de gabinete tras haber confesado una serie de delitos, incluyendo evasión fiscal y mentiras en declaraciones juradas. Se menciona que la Ley de Etica Publica contempla sanciones, pero no necesariamente la destitucion obligatoria.
Se argumenta que Adorni, al admitir sus delitos, se ha convertido en un "delincuente confeso" y que su permanencia en el cargo es insostenible. Se critica la pasividad del gobierno ante esta situacion, especialmente la del presidente Javier Milei.
Se sugiere que la unica salida logica para Adorni seria la renuncia, y que el presidente deberia tomar una decision al respecto para evitar un mayor escandalo politico.