La Unión Europea ha impuesto sanciones económicas a empresarios y figuras destacadas vinculadas con la Guardia Revolucionaria de Irán, en respuesta a las medidas tomadas en el Estrecho de Hormuz y su posible impacto en la navegación. Las sanciones incluyen congelamiento de activos y restricciones para ingresar al territorio comunitario.
Estas medidas se extienden a representantes del sector exportador petrolero iraní. Bruselas considera que determinadas estructuras vinculadas al comercio energético tienen relación con las decisiones adoptadas por Irán en la crisis de Hormuz, responsabilizando a Teherán por el cierre de rutas marítimas y el transporte de energía.
La situación ha generado preocupación en los mercados internacionales y en países dependientes de la energía del Golfo, dado que una ruta estratégica para el suministro energético mundial se ha convertido en un escenario de disputa.