El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) representa un costo fiscal significativo para el Estado, ya que implica la renuncia a la recaudación de impuestos. Si bien se supone que esto incentiva las inversiones, se cuestiona la falta de contrapartidas en términos de generación de empleo y desarrollo local.
La inversión minera estimada en 5.000 millones de dólares se beneficiará enormemente del RIGI, pero se plantea la necesidad de que estas inversiones generen puestos de trabajo genuinos en Argentina, en lugar de importar componentes que podrían ser fabricados localmente.